“A los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código
penal en la mano”
Anibal Fernandez ( Ex Jefe de Gabinete y actual Legislador Nacional)
El lunes 21 del corriente la Gendarmería Nacional, por orden del Juez Federal Leónidas Moldes, desalojó por la fuerza el corte de la Ruta Nacional N° 40 en el cual familiares y vecinos reclamaban por la libertad de los detenidos en ocasión de los hechos de público conocimiento ocurridos en San Carlos de Bariloche el pasado 20 de diciembre.
El corte de ruta producido entre las 12:30 y las 18:40 del citado día se realizaba en forma pacífica, intermitente y con la existencia de camino alternativo. Cuando los manifestantes informaron que estaban dispuestos a retirarse y solicitaron unos minutos para hacerlo intervino violentamente la Gendarmería y la Policía Federal, arrestando incluso menores que luego fueron liberados.
Se produjeron seis detenciones. Permanecen detenidos e incomunicados en las reparticiones de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal. Dos de las detenidas, tienen cuatro y tres hijos menores de edad respectivamente. Otro de los detenidos sufre de paraplejia espástica, tiene certificado de discapacidad y no se le ha suministrado la medicación que le resulta indispensable. A todos los detenidos, después de 20 horas de encierro no se le han suministrado comida ni bebida. No existe respuesta aún al pedido de excarcelación presentado por los imputados.
Estamos en presencia de un hecho de extrema gravedad. Se trata de la consumación en la práctica de la amenaza pronunciada oportunamente por el actual Senador Anibal Fernández. Se trata de un nuevo hecho de criminalización de la protesta social.
La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes. Es un mecanismo de control social para amedrentar a todos aquellos que se atrevan a cuestionar la miseria, la marginación, la desigualdad social.
Replicando la estrategia del Gobierno Provincial al cual apoyó durante los hechos del 20 de diciembre enviando la Gendarmería es hoy el Gobierno Nacional en forma directa quien ejerce la represión. A los cinco detenidos en aquella oportunidad se suman ayer otros seis. Se intenta desde ambos estamentos gubernamentales ocultar e invisibilizar las causas profundas de esta situación: la insostenible inequidad y desigualdad que se verifica en el llamado Alto barilochense en el cual habita casi un tercio de la población.. Una asimetría estructural insostenible que durante treinta años de vigencia del regimen democratico se intentó emparchar mediante prácticas clientelares.
El legítimo derecho del pueblo a hacer escuchar su voz y defender sus reclamos no requiere permiso ni acepta censura. Nuestro país tiene una larga historia donde el pueblo se ha manifestado en las calles y rutas . Estos métodos de lucha mucho tienen que ver con la conquista de una democracia más plena, aunque todavía muy insuficiente para revertir la injusticia social.
Fueron estos mismos pobres de hoy los que ayer desde las rutas combatieron al neoliberalismo menemista, hoy denostado por el Gobierno Nacional. Aquellos que ayer fueran elogiados son “castigados ejemplificadoramente” hoy por intentar luchar por los derechos que la Constitución Nacional garantiza. El Juez Moldes vuelve a reiterar los fallos que con orgullo lució durante la larga noche menemista.
Cada hora, cada día que pasa, les resulta más dificil al Gobierno Provincial y al Nacional fundamentar un relato para el cual supuestas conspiraciones de organizaciones y/o partidos políticos serían la causa de los hechos del 20 de diciembre y las situaciones posteriores. El velo se va corriendo y tras él aparece la cruda realidad de la pobreza, la miseria y la desigualdad.
Exigimos la inmediata liberación de todos aquellos por luchar por el pan, el trabajo, la salud, la educación estan hoy injustamente detenidos.
DDHHSUR
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